El caso se originó por la compraventa frustrada de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. La compradora había entregado una reserva, contaba con crédito hipotecario aprobado y estaba en condiciones de avanzar hacia la escritura. Sin embargo, al momento de concretar la operación, el banco detectó que el inmueble tenía embargos vigentes, lo que impedía escriturar la propiedad.
La Justicia responsabilizó tanto al propietario como al corredor inmobiliario. En particular, destacó que quien interviene profesionalmente en una operación inmobiliaria tiene el deber de brindar información veraz, precisa y adecuada, y de verificar la situación registral del bien antes de publicitarlo como apto para crédito.
La Cámara fijó una responsabilidad del 60% para el corredor inmobiliario y del 40% para el titular del inmueble, y reconoció distintos rubros indemnizatorios, entre ellos la diferencia por tipo de cambio, el daño moral y el perjuicio derivado del cambio en las condiciones crediticias.
Este tipo de conflictos demuestra que una operación inmobiliaria no debe analizarse solo desde el precio o la voluntad de las partes. Antes de firmar una reserva, seña, boleto o cualquier documento, resulta fundamental verificar:
- la titularidad del inmueble;
- la existencia de embargos, inhibiciones u otros gravámenes;
- la aptitud real para escriturar;
- la documentación del vendedor;
- las condiciones de la operación;
- las obligaciones asumidas por cada parte.
Un control legal previo puede evitar pérdidas económicas, demoras, reclamos judiciales y operaciones frustradas.
En A&S Consultores Jurídicos brindamos asesoramiento legal en operaciones inmobiliarias, revisión documental, análisis de títulos, reservas, boletos de compraventa y acompañamiento previo a la escrituración.
Antes de firmar, consultá. Una revisión a tiempo puede evitar un conflicto mayor.